Ley 11/2023 y accesibilidad web: ¿afecta realmente a tu empresa?

La Ley 11/2023 ya se aplica en materia de accesibilidad desde el 28 de junio de 2025, pero eso no significa que cualquier empresa con una página web esté automáticamente obligada por esta norma.

La pregunta correcta no es «¿mi empresa tiene web?», sino otra bastante más concreta: ¿el producto o servicio digital que presto está dentro del ámbito de la Ley 11/2023 y, si es un servicio, se dirige a consumidores?

Esto importa especialmente para ecommerce, banca de consumo, determinados servicios de transporte, comunicaciones electrónicas, acceso a servicios audiovisuales, libros electrónicos, suministros de agua, gas o electricidad, agencias de viajes, turoperadores y redes sociales. Además, la propia ley contempla una exención para las microempresas que prestan servicios.

En esta guía vamos a separar lo que dice realmente la norma de lo que se repite en titulares, explicar qué papel tienen WCAG y los estándares técnicos, qué puede detectar un test automático y qué debería hacer una empresa para no tratar la accesibilidad como una auditoría que se guarda en un cajón.

Respuesta rápida: lo esencial de la Ley 11/2023 y tu web

• La aplicación efectiva de los requisitos de accesibilidad del Título I comenzó el 28 de junio de 2025.
• No todas las webs privadas están afectadas por el mero hecho de existir. La ley enumera productos y servicios concretos.
• Los servicios regulados en el artículo 2.2 se refieren a servicios prestados a consumidores.
• El comercio electrónico está incluido expresamente.
• Las microempresas que prestan servicios están exentas de los requisitos de accesibilidad del Título I en los términos previstos por la ley.
• Una herramienta automática ayuda a localizar barreras, pero no puede certificar por sí sola la accesibilidad completa ni el cumplimiento legal.
• La obligación no termina después de una auditoría: los prestadores de servicios deben disponer de procedimientos para que el servicio siga siendo conforme mientras esté en funcionamiento.

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Índice

1. Qué es la Ley 11/2023
2. A qué empresas y servicios afecta
3. Qué ocurre con los ecommerce
4. Exención para microempresas
5. Contenidos excluidos y régimen transitorio
6. Qué debe cumplir una web afectada
7. WCAG, UNE y Ley 11/2023: qué relación tienen
8. Cómo comprobar la accesibilidad de una web
9. Test automático frente a auditoría manual
10. Por qué el cumplimiento debe ser continuo
11. Quién responde si la web la hace una agencia
12. Sanciones: por qué no existe una cifra universal
13. Plan práctico para una empresa
14. Preguntas frecuentes

Qué es la Ley 11/2023 y por qué ahora afecta a tantas empresas digitales

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, es una norma amplia que transpone varias directivas europeas. La parte que nos interesa aquí es su Título I, que incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/882, conocida habitualmente como European Accessibility Act o EAA.

El objetivo de esta parte de la ley es que determinados productos y servicios puedan utilizarse de forma autónoma por todas las personas y, en particular, por las personas con discapacidad.

La directiva europea se aprobó en 2019. España la transpuso en 2023 y fijó el 28 de junio de 2025 como fecha clave para la aplicación efectiva de buena parte de las obligaciones de accesibilidad. Por eso en 2026 ya no estamos hablando de una regulación futura: está en aplicación.

Ahora bien, hay un matiz que cambia por completo cómo debe interpretarse para una empresa: la Ley 11/2023 no es una “ley de páginas web”. Regula determinados productos y servicios, y algunos de esos servicios se prestan mediante sitios web y aplicaciones.

La idea clave: tener una página web no basta, por sí solo, para concluir que una empresa privada está dentro del Título I. Primero hay que identificar qué servicio presta, a quién se dirige y si entra en las categorías del artículo 2.

¿A qué empresas afecta la Ley 11/2023 en materia de accesibilidad web?

El artículo 2 distingue entre productos y servicios. Cuando hablamos de páginas web de empresas privadas, lo más relevante suele estar en los servicios prestados a consumidores.

Entre los servicios incluidos expresamente aparecen:

• Servicios de comunicaciones electrónicas
• Servicios que proporcionan acceso a servicios de comunicación audiovisual
• Determinados elementos digitales de servicios de transporte de viajeros, incluidos sitios web, aplicaciones y sistemas de billetes electrónicos
• Servicios bancarios para consumidores
• Libros electrónicos y sus programas especializados
• Servicios de comercio electrónico
• Sitios web y servicios móviles vinculados a determinados suministros de electricidad, agua y gas a consumidores
• Sitios web y servicios móviles de agencias de viajes y turoperadores
• Redes sociales

Esto lleva a una conclusión bastante más útil que el típico «todas las empresas de más de diez empleados deben adaptar su web»:

la actividad y el tipo de servicio son determinantes.

Caso	¿Puede estar dentro del Título I?	Qué revisar
Ecommerce que vende a consumidores	Sí, expresamente, salvo que resulte aplicable una exención	Proceso completo de compra, identificación, seguridad, pago, formularios y contenido
Banco con servicios online para consumidores	Sí	Web, autenticación, firma, seguridad, pagos e información del servicio
Agencia de viajes con contratación online	Sí, dentro del ámbito definido por la norma	Sitio web, app y procesos digitales asociados
Web corporativa B2B puramente informativa	No automáticamente por la Ley 11/2023	Hay que analizar actividad, otras normas aplicables y funcionalidades concretas
Web de una Administración Pública	Está sujeta a un marco específico del sector público	Real Decreto 1112/2018 y normativa asociada, entre otras obligaciones

La tabla anterior es orientativa. Una misma web puede contener servicios distintos, procesos dirigidos a consumidores, áreas privadas, pagos o funcionalidades sometidas a reglas específicas. El análisis correcto se hace sobre el servicio real, no sobre una etiqueta genérica de “empresa privada”.

¿La Ley 11/2023 obliga a los ecommerce a ser accesibles?

Los servicios de comercio electrónico están incluidos expresamente en el ámbito de la Ley 11/2023. La norma los define, en esencia, como servicios prestados a distancia mediante sitios web o servicios móviles, por medios electrónicos y a petición de un consumidor, con el objetivo de celebrar un contrato con ese consumidor.

Esto hace que el ecommerce sea uno de los casos en los que la relación entre web y accesibilidad resulta más directa.

Además de los requisitos generales de accesibilidad aplicables a servicios, la ley presta especial atención a elementos críticos del proceso de compra. Entre ellos están la identificación, la seguridad y el pago cuando forman parte del servicio.

En la práctica, no sirve de mucho que la home sea técnicamente impecable si una persona no puede terminar una compra porque:

• el menú no puede manejarse correctamente con teclado;
• los campos del checkout no tienen etiquetas comprensibles;
• los errores del formulario solo se indican mediante color;
• el botón de pago no tiene un nombre accesible;
• el sistema de autenticación introduce una barrera innecesaria;
• un modal bloquea la navegación con lector de pantalla;
• la selección de producto depende de gestos o interacciones que no tienen alternativa.

La accesibilidad de un ecommerce debe evaluarse como un proceso completo. Que una herramienta encuentre pocos errores en una única URL no demuestra que el usuario pueda completar el recorrido desde la ficha de producto hasta el pago.

¿Las microempresas están exentas de la Ley 11/2023?

Sí, existe una exención específica para las microempresas que prestan servicios. Este punto es importante porque a menudo se simplifica mal.

A efectos de la Ley 11/2023, una microempresa es una empresa que:

• emplea a menos de 10 personas; y
• tiene un volumen de negocio anual que no supera los 2 millones de euros o un balance anual total que no supera los 2 millones de euros.

La ley establece que las microempresas que presten servicios quedan exentas de los requisitos de accesibilidad del Título I y de las obligaciones relativas a su cumplimiento.

Importante: esta exención no debería transformarse en la frase «si tienes menos de diez empleados, no tienes ninguna obligación de accesibilidad». Puede haber otra normativa aplicable según el sector, la naturaleza de la organización, la contratación pública o el servicio concreto. Además, accesibilidad legal y accesibilidad real para el usuario no son exactamente la misma pregunta.

La propia norma prevé, además, que las administraciones proporcionen orientación y herramientas a las microempresas para facilitar la creación de productos y servicios accesibles, incluso cuando exista esa exención.

Qué contenidos web quedan excluidos y qué reglas transitorias existen

La Ley 11/2023 también contempla exclusiones concretas para determinados contenidos de sitios web y aplicaciones móviles, bajo las condiciones previstas en la norma:

• Determinados contenidos multimedia pregrabados publicados antes del 28 de junio de 2025
• Formatos de archivo de ofimática publicados antes de esa fecha
• Servicios de mapas y cartografía online cuando la información esencial para navegación se facilite de forma accesible
• Contenidos de terceros que no estén financiados, desarrollados ni bajo el control del agente económico
• Sitios o aplicaciones considerados archivos, cuando contengan únicamente contenido que no se actualiza ni edita después del 28 de junio de 2025

También existe un régimen transitorio. Por ejemplo, determinados contratos de servicios celebrados antes del 28 de junio de 2025 pueden continuar sin cambios hasta su expiración, con el límite temporal previsto por la propia ley.

Esto vuelve a demostrar por qué un diagnóstico serio no puede reducirse a «la web se publicó antes o después de 2025». Fecha, contenido, servicio, contrato y tipo de operador pueden cambiar la respuesta.

¿Qué requisitos debe cumplir una web incluida en la Ley 11/2023?

La ley no se limita a decir que una web debe ser «accesible». Su Anexo I establece requisitos funcionales para los servicios y exige que los sitios web y aplicaciones asociados sean accesibles de forma coherente y adecuada.

En términos prácticos, la información y las interfaces deben poder ser percibidas, manejadas, comprendidas y utilizadas de forma robusta por personas con distintas capacidades y tecnologías de apoyo.

Para una web real, eso se traduce en cuestiones como estas:

Área	Qué debería poder hacer el usuario	Problema típico
Teclado	Navegar y operar funciones sin depender del ratón	Menús, modales o botones inaccesibles con Tab
Foco	Saber en todo momento qué elemento está activo	Foco invisible, oculto o desordenado
Imágenes	Comprender el contenido relevante sin necesidad de verlo	Texto alternativo ausente o inútil
Contraste	Leer textos y reconocer componentes con suficiente claridad	Texto gris claro, placeholders o estados casi invisibles
Estructura	Entender jerarquía, regiones y relaciones del contenido	Encabezados usados solo por apariencia
Formularios	Saber qué pide cada campo y cómo corregir un error	Inputs sin label o errores indicados solo por color
Multimedia	Acceder al contenido aunque no pueda oír o ver el formato original	Vídeo sin alternativas adecuadas
Zoom y reflow	Ampliar contenido sin perder información o funcionalidad	Texto cortado, scroll innecesario o controles fuera de pantalla
Autenticación	Identificarse sin barreras cognitivas o interacciones imposibles	Pruebas que dependen exclusivamente de memorizar o resolver retos
Mensajes de estado	Recibir feedback de cambios, errores o confirmaciones	Mensajes que aparecen visualmente pero no llegan a tecnologías de apoyo

Una web accesible no es una web «especial». Es una web que no obliga al usuario a tener una capacidad visual, auditiva, motora o cognitiva concreta para poder completar una tarea.

WCAG, UNE y Ley 11/2023: no son exactamente lo mismo

Este es uno de los puntos donde más confusión encontramos.

WCAG son las Web Content Accessibility Guidelines elaboradas por el W3C. Son el marco técnico internacional más utilizado para evaluar accesibilidad web.

La Ley 11/2023 es una norma jurídica española. En su disposición adicional tercera establece que los sitios web incluidos en el Título I deberán alcanzar, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, tomando como referencia la norma UNE 139803 o la que la sustituya.

Por tanto, conviene evitar una fórmula demasiado simplista como:

«Ley 11/2023 = WCAG 2.2 AA»

No es una equivalencia jurídica literal.

En el plano técnico, el modelo WCAG utiliza tres niveles de conformidad: A, AA y AAA. El nivel AA es la referencia práctica más habitual para accesibilidad web. W3C publicó WCAG 2.2 en 2023 y recomienda utilizarla como objetivo actualizado, porque amplía WCAG 2.1 con nuevos criterios, entre otros, sobre foco, movimientos de arrastre, tamaño mínimo de objetivos y autenticación accesible.

Sin embargo, las versiones técnicas y las referencias jurídicas no se actualizan automáticamente al mismo ritmo. Por ejemplo, la norma europea armonizada EN 301 549 v3.2.1 utilizada en el marco de la Directiva de Accesibilidad Web del sector público sigue basándose en WCAG 2.1, mientras los procesos europeos de normalización continúan evolucionando.

Para equipos digitales: utilizar WCAG 2.2 como objetivo técnico es una decisión razonable y actualizada. Para afirmar cumplimiento legal, hay que verificar además la norma, estándar armonizado, sector y obligación jurídica aplicables al caso concreto.

Cómo comprobar si tu web tiene problemas de accesibilidad

Antes de discutir durante semanas sobre normativa, hay una pregunta mucho más sencilla que cualquier empresa puede responder hoy:

¿qué barreras de accesibilidad existen ahora mismo en nuestra web?

Una primera evaluación automática permite localizar rápidamente problemas técnicos y priorizar qué páginas necesitan atención. Es especialmente útil para detectar patrones repetidos en plantillas, componentes, formularios o estructuras de contenido.

Con Sprout Scan puedes introducir una URL y obtener una primera lectura automática del estado de accesibilidad de la página, junto con otras señales de salud web.

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Sprout Scan es una herramienta de diagnóstico automático. No acredita por sí sola conformidad completa con WCAG ni cumplimiento jurídico.

¿Un test automático puede demostrar que una web cumple accesibilidad?

No. Y decir lo contrario sería vender una certeza que hoy ninguna herramienta automática puede ofrecer.

El propio W3C explica que las herramientas de evaluación pueden identificar muchos problemas y ahorrar tiempo, pero no pueden comprobar automáticamente todos los aspectos de accesibilidad. Hay criterios que requieren juicio humano y, en determinadas situaciones, pruebas con usuarios o tecnologías de apoyo.

Un ejemplo sencillo: una herramienta puede comprobar si una imagen tiene atributo alt. Lo que no siempre puede decidir es si ese texto alternativo transmite realmente la información que la imagen aporta en ese contexto.

Lo mismo ocurre con procesos completos. Un checkout puede no presentar errores automáticos evidentes y, sin embargo, resultar confuso o imposible de completar para una persona que utiliza lector de pantalla.

Por eso conviene separar tres conceptos:

• Escaneo automático: detecta incidencias verificables por software y permite monitorizar a escala.
• Evaluación de conformidad: revisa de forma metodológica los criterios aplicables y requiere conocimiento especializado.
• Cumplimiento legal: depende además del marco jurídico concreto, el alcance del servicio y las obligaciones aplicables a esa organización.

Un buen escáner no sustituye estas capas. Las hace más eficientes.

La parte de la Ley 11/2023 que muchas empresas están pasando por alto: mantener el cumplimiento

Esta es, probablemente, una de las partes más importantes de la norma para equipos digitales.

El artículo 13 no se limita a pedir que un servicio sea conforme el día que se publica. Los prestadores deben disponer de procedimientos que garanticen que el servicio siga siendo conforme con los requisitos de accesibilidad aplicables.

La diferencia parece pequeña, pero cambia el problema por completo.

Imagina una empresa que hace una auditoría de accesibilidad en septiembre:

• corrige los errores encontrados;
• obtiene un informe;
• da el proyecto por terminado;
• marketing publica dos nuevas landing pages en octubre;
• una agencia cambia el formulario en noviembre;
• producto añade un nuevo componente en diciembre.

El informe de septiembre sigue existiendo. La web de diciembre ya no es la misma.

Por eso la accesibilidad no debería gestionarse como una foto, sino como una propiedad del ciclo de vida de la web:

diseñar → construir → comprobar → publicar → monitorizar → corregir → volver a comprobar.

Este enfoque se vuelve todavía más crítico cuando una organización tiene decenas de dominios, microsites, landing pages, portales regionales o webs creadas por distintos departamentos y proveedores.

El problema empresarial no es solo «¿cumple esta página hoy?». Es «¿cómo sé que las webs de mi organización seguirán siendo accesibles dentro de seis meses?».

Ahí la accesibilidad deja de ser únicamente un proyecto de corrección y pasa a convertirse en una cuestión de gobernanza web.

Si la web la desarrolla una agencia, ¿quién es responsable del cumplimiento?

Subcontratar el desarrollo no elimina la obligación del prestador del servicio.

La Ley 11/2023 establece expresamente que, aunque un servicio o parte de él se subcontrate a un tercero, la accesibilidad del servicio no debe verse comprometida y el prestador debe seguir cumpliendo las obligaciones que le correspondan.

Esto tiene consecuencias prácticas para ambas partes.

Para la empresa que contrata: no debería aceptar únicamente «la agencia dice que la web es accesible». Conviene definir criterios verificables, responsabilidades, procedimiento de pruebas, documentación y mantenimiento desde el contrato y el proceso de entrega.

Para la agencia: la accesibilidad deja de ser una corrección opcional al final del proyecto y puede convertirse en una capacidad comercial: diseñar componentes accesibles, documentar el trabajo, realizar controles y ofrecer monitorización continua después del lanzamiento.

En otras palabras: la accesibilidad bien resuelta puede pasar de ser coste de última hora a ser parte del producto que la agencia entrega.

¿Qué sanciones puede recibir una empresa por incumplir la Ley 11/2023?

Puede haber sanciones, pero no existe una única multa universal que pueda aplicarse a cualquier web y cualquier empresa.

El artículo 30 de la Ley 11/2023 establece que los incumplimientos del Título I se sancionarán de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones de la legislación sectorial correspondiente. Cuando esa legislación sectorial no contemple el supuesto, se prevé la aplicación supletoria del régimen de la legislación general sobre derechos de las personas con discapacidad.

Además, la norma prevé mecanismos de control, reclamaciones, denuncias y la posibilidad de que consumidores, organizaciones y otros sujetos con interés legítimo acudan a órganos administrativos y tribunales para exigir el cumplimiento.

Por eso evitamos titulares del tipo:

«Si tu web no es accesible te pueden multar con 1 millón de euros».

Es un mensaje llamativo, pero jurídicamente demasiado simplificado.

La pregunta útil para una empresa no es cuál es la cifra más grande que puede aparecer en un titular. Es otra:

¿estamos dentro del ámbito de la norma y podemos demostrar que estamos gestionando la accesibilidad del servicio de forma seria y continuada?

Qué debería hacer ahora una empresa: plan práctico en 7 pasos

Si gestionas una web y todavía no tienes claro tu nivel de exposición, no necesitas empezar comprando una auditoría gigantesca ni rehaciendo todo el sitio. Empieza ordenando el problema.

1. Determina si el servicio está dentro del ámbito de la Ley 11/2023. Revisa el artículo 2, el tipo de servicio, a quién se dirige y cualquier normativa sectorial adicional.
2. Comprueba si aplica la exención de microempresa. No utilices únicamente el número de empleados: revisa también los límites económicos y la naturaleza de la actividad.
3. Haz inventario de los activos digitales. No pienses solo en la home corporativa. Incluye ecommerce, áreas privadas, microsites, formularios, landing pages, apps y procesos de pago.
4. Realiza un primer escaneo automático. Te permitirá detectar incidencias evidentes, encontrar patrones y priorizar.
5. Completa lo que la automatización no puede evaluar. Revisa navegación con teclado, tecnologías de apoyo, sentido de los textos alternativos, procesos completos y situaciones que requieren juicio humano.
6. Corrige el sistema, no solo las páginas. Si veinte páginas fallan por el mismo componente, arregla el componente. Si los nuevos contenidos rompen accesibilidad, modifica el flujo editorial.
7. Establece monitorización y responsabilidad continuas. Define quién controla nuevas publicaciones, cambios de plantilla, proveedores y evolución de los requisitos.

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El resultado es un diagnóstico automatizado y no equivale a una certificación legal ni a una auditoría manual completa.

Preguntas frecuentes sobre la Ley 11/2023 y la accesibilidad web

¿Desde cuándo se aplica la Ley 11/2023 en materia de accesibilidad? La aplicación efectiva de buena parte de los requisitos de accesibilidad del Título I comenzó el 28 de junio de 2025. Existen, además, disposiciones transitorias para determinados contratos, productos y terminales.

¿Todas las empresas privadas están obligadas a tener una web accesible por la Ley 11/2023? No automáticamente. El Título I se aplica a los productos y servicios que la propia ley incluye en su ámbito. Para servicios, es especialmente relevante comprobar si se trata de uno de los servicios del artículo 2.2 prestados a consumidores.

¿Los ecommerce están afectados por la Ley 11/2023? Sí, los servicios de comercio electrónico están incluidos expresamente. Hay que analizar también si resulta aplicable alguna exención, como la prevista para microempresas que prestan servicios.

¿Qué se considera microempresa? La Ley 11/2023 define microempresa como la que emplea a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocio anual no supera los 2 millones de euros o cuyo balance anual total no supera los 2 millones de euros.

¿Las microempresas están exentas? Las microempresas que prestan servicios están exentas de los requisitos de accesibilidad del Título I en los términos establecidos por la ley. Esto no excluye que puedan existir otras obligaciones derivadas de normativa distinta.

¿La Ley 11/2023 obliga exactamente a cumplir WCAG 2.2 AA? No debe expresarse así. La ley establece para los sitios web de su ámbito un nivel medio de criterios de accesibilidad generalmente reconocidos y remite como referencia a UNE 139803 o la norma que la sustituya. WCAG 2.2 es el objetivo técnico actualizado recomendado por W3C, pero no es correcto convertirlo sin más en una equivalencia jurídica literal con la Ley 11/2023.

¿Un checker automático puede certificar que mi web cumple? No. Las herramientas automáticas pueden detectar muchas barreras y son muy útiles para diagnóstico y monitorización, pero el W3C señala que no todos los aspectos de accesibilidad pueden automatizarse y que se necesita evaluación humana para determinar la accesibilidad completa.

¿Basta con hacer una auditoría una vez? No es un enfoque suficiente para un servicio que cambia. La propia Ley 11/2023 exige a los prestadores disponer de procedimientos para que la prestación siga siendo conforme. Nuevas páginas, componentes, formularios o cambios de proveedores pueden introducir barreras después de una auditoría.

Si una agencia desarrolla mi web, ¿la responsabilidad pasa a la agencia? No automáticamente. La Ley 11/2023 establece que la subcontratación de un servicio o de una parte del mismo no debe comprometer su accesibilidad y que el prestador del servicio debe seguir cumpliendo las obligaciones que le correspondan.

¿La multa por una web no accesible puede ser de un millón de euros? No existe una cifra universal aplicable a cualquier web. El régimen sancionador depende de la legislación sectorial correspondiente y, de forma supletoria cuando proceda, de la normativa general sobre derechos de las personas con discapacidad. La cuantía y consecuencias dependen del caso concreto.

La accesibilidad web ya no debería gestionarse como una corrección de última hora

La Ley 11/2023 ha conseguido que muchas empresas empiecen a preguntarse por primera vez si sus servicios digitales son accesibles.

Eso es positivo. Pero la conversación no debería terminar en «pasamos un test» o «conseguimos un informe».

Una web cambia. Se publican campañas. Se añaden formularios. Aparecen nuevos componentes. Intervienen agencias. Se cambian herramientas. Y cada cambio puede introducir una barrera que ayer no existía.

Por eso la cuestión madura no es simplemente cómo aprobar una auditoría.

Es cómo construir, publicar y mantener infraestructura web que siga siendo accesible a medida que evoluciona.

Ese cambio —de corregir páginas a gobernar la accesibilidad durante todo el ciclo de vida— es el que probablemente marcará los próximos años.

Fuentes oficiales y referencias utilizadas

• BOE — Ley 11/2023, de 8 de mayo.
• EUR-Lex — Directiva (UE) 2019/882 sobre requisitos de accesibilidad de productos y servicios.
• AccessibleEU — Entrada en aplicación de la European Accessibility Act.
• W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
• W3C WAI — Qué pueden y qué no pueden hacer las herramientas de evaluación de accesibilidad.
• Comisión Europea — EN 301 549, WCAG y armonización de estándares de accesibilidad web.

Nota: esta guía tiene finalidad informativa y divulgativa. La aplicación de la normativa depende del servicio, sector, características de la organización y circunstancias concretas. Para una conclusión jurídica sobre un caso específico, consulta asesoramiento especializado.